De la amplia literatura sobre la lucha contra la corrupción, siempre se ha señalado que esta, a menudo, requiere de la actuación –no acción–, por activa o por pasiva, de los empleados y empleadas públicos, incluyendo el nivel directivo. La ética pública se configura, así, como uno de los pilares fundamentales de las estructuras políticas, esencial para el bienestar económico, así como para la prosperidad de los individuos y de las sociedades en su conjunto. La dimensión del concepto es extensa, porque una conducta o comportamiento que no merezca la consideración de ético puede hacer referencia a acciones que están tipificadas por una norma legal como delictivas o «irregulares», o no constituir una conducta reprobable desde la perspectiva jurídica, pero no ser deseable por ser objeto de un rechazo generalizado.

El autor hace «micromirada» del concepto, en el marco de una sociedad globalizada que requiere de un nuevo paradigma de gobernanza, más aún, si lo que se pretende es combatir un fenómeno adyacente al citado por antagónico, de corrupción, cuyo origen puede remontar al principio de los tiempos cuando, siguiendo el relato bíblico, los primeros habitantes desobedecieron el mandato divino al probar del fruto prohibido.