La cartografía de esta obra está divida en cinco capítulos, precedidos de una introducción general, en los que se abordan los aspectos más relevantes del Derecho Administrativo Económico. En la introducción se describe qué es el Derecho Administrativo Económico y su conexión con las funciones y actividades económicas del Estado, destacando las bases constitucionales de la intervención de los poderes públicos en la economía en el escenario de la Constitución económica española. Todo ello en el marco del Derecho de la Unión Europea y su influencia determinante en la configuración de una economía de mercado y la realización del mercado interior. En el Capítulo 1 se trata el paradigma de la regulación económica como nueva modalidad de intervención pública, un concepto pluridisciplinar necesario para corregir los fallos del mercado. En el escenario de la intervención pública en la actividad económica, a través del estudio de sus fundamentos y conceptos se aborda la regulación como necesaria para catalizar las condiciones en las que sea posible el desarrollo de la libertad económica. Se analizan también los principios rectores de la regulación económica, los instrumentos de la regulación y las nuevas tendencias respecto a los nuevos instrumentos de regulación. La defensa de la competencia es trascendente como parte de la regulación económica, que pretende proteger todo el escenario del proceso competitivo en el mercado y tutelar además la defensa de los intereses de los consumidores. Se estudian así en el Capítulo 2 su legislación , orígenes y fuentes; las técnicas de defensa de la competencia, y los organismos reguladores de defensa de la competencia. El capítulo 3 está dedicado al estudio de los Servicios de Interés General conforme a la categorización de la Unión Europea siendo considerados valores comunes de la sociedad europea y que contribuyen a la cohesión social y territorial. En este estudio se parte de la evolución tradicional del Servicio Público y su importancia en el Derecho Administrativo. Aquí se pone el foco en la descripción de los servicios de interés económico general (SIEG) y los servicios de interés general no económico (SIG) y su regulación. Se incluye en el Capítulo 4 un estudio sobre la arquitectura de la Administración Institucional (también denominada instrumental) y las diversas organizaciones que la componen y su papel relevante en el desarrollo de la actividad económica del Estado. Estos entes son verdaderos instrumentos puestos al servicio de los Poderes Públicos para que puedan llevar a cabo sus cometidos de manera más eficaz. Se aborda el régimen jurídico de las Administraciones Públicas centrado en el sector público institucional. Se estudian los contenidos esenciales expresados en los organismos públicos, las administraciones independientes, las sociedades mercantiles públicas, las mancomunidades y consorcios y las fundaciones públicas. Al final se tratan los fondos sin personalidad jurídica, los entes públicos singulares y la denominada administración corporativa. A la Contratación Pública como como actividad estratégica e instrumento activo de intervención económica y social, se dedica el Capítulo 5. La Contratación Pública tiene un impacto en la economía muy importante ya que a través de ella se opera una cantidad ingente de recursos. Además esta figura permite involucrar a las empresas privadas en la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos. Es destacable que la contratación pública refleja los principales vectores de crecimiento económico y creación de empleo e innovación. Así mismo la aplicación de los principios del mercado interior garantizan el uso óptimo de los recursos económicos y los fondos públicos. Se abordan los contenidos e instituciones esenciales de esta figura jurídico administrativa en perspectiva de la influencia de la normativa europea: desde sus antecedentes históricos, su naturaleza, el procedimiento de contratación, las prerrogativas de la Administración, la extinción y régimen de validez de los contratos, su revisión e impugnación y la revisión de los actos administrativos en esta materia y el especial recurso previsto en materia de contratación.

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